La COP21 ha alcanzado unos acuerdos históricos si tenemos en cuenta que han sido refutados por nada más y nada menos que 196 Gobiernos y si, además, hacemos una comparativa con la cumbre de Copenhague celebrada seis años antes, que no fue demasiado fructífera. Es verdad que nunca son suficientes las medidas que se van a implantar, pero no deja de ser una muestra más de que el tema medio ambiental comienza a hacer mella en los Estados.

Ahora nos encontramos con el acuerdo mundial de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. Y el compromiso de alcanzar un techo de emisiones gases invernadero, además de poner en marcha un sistema de financiación de 100.000 millones de dólares para medidas de adaptación al cambio climático.

Bueno, hay mucho por mejorar, pero por lo menos asistimos a un comienzo. Se podría haber alcanzado un acuerdo más ambicioso, pero de momento se trata de una propuesta equilibrada. Tanto se ha hablado de la COP21 que cada vez estamos más convencido que los gobiernos tienen la llave para mejorar esta situación. Y no me refiero solo a los acuerdos globales, sino a las medidas locales que puede implantar cada Administración para aportar su granito de arena al medio ambiente.

Nosotros, la Fundación La Casa que Ahorra, hemos dado ejemplos recientes de lo que podemos aportar a nivel individual, siempre y cuando los que están al frente del poder se conciencien de esta necesidad y nos ‘echan’ una mano. Estas consideraciones vienen a colación del estudio que hemos presentado recientemente, y que hace referencia a las medidas fiscales que se pueden aplicar y que están asociadas a la rehabilitación energética, un documento que hemos elaborado conjuntamente con la consultora Pricewaterhouse Cooper y el CENER. Lo que proponemos son medidas fiscales que incentiven la construcción y adquisición de viviendas eficientes energéticamente. Es nuestra forma de colaborar con la decidida apuesta del Gobierno en su plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.

Antes de elaborar esta propuesta, desde la Fundación solicitamos a CENER un estudio sobre los costes asociados a la rehabilitación de viviendas. La primera conclusión es que la inversión necesaria para cualquiera de las intervenciones es muy superior en el caso de una vivienda unifamiliar respecto a una vivienda en bloque, suponiendo un coste en torno a 150%-250% superior. En concreto, en el caso de alcanzar una “B” a partir del caso base “E”, el conjunto de medidas específicas aplicadas a cada caso han resultado en 39,326 euros para la vivienda unifamiliar frente a 12,399 euros de media para la vivienda colectiva.

Otra conclusión relevante es que el escalado de costes no es lineal, sino que la pendiente aumenta a la hora de optar a mejores calificaciones (desde la C hasta la A), teniendo que realizar un mayor esfuerzo económico al tener que implementar un mayor número de medidas de mayor coste, incluyendo instalaciones de alta eficiencia. También se han observado diferencias entre las distintas zonas climáticas como se puede consultar en el apartado de resultados del informe técnico, que hacen referencia a las distintas severidades climáticas que inducen en unos paquetes de medidas más o menos exigentes.

Después de este análisis se realizó el estudio de medidas fiscales, que puede discutirse si esta iniciativa puede hacerse mejor y más efectiva, pero no cabe duda que en el ámbito fiscal, la mayor repercusión se obtendrá a través de los impuestos de mayor alcance social y recaudatorio, tales como IRPF, IVA o IBI, sobre los que se han centrado la propuesta y estudio de la Fundación. Se trata de una estimación de los impactos económicos y fiscales de las medidas tributarias propuestas y, por tanto, no se ha realizado desde una perspectiva de análisis coste-beneficio. En consecuencia, el estudio no pretende valorar la rentabilidad social de acciones alternativas a la puesta en marcha de las enmiendas.

Los impactos estimados se han cuantificado en términos de aportación al Producto Interior Bruto (PIB), al empleo y a la recaudación fiscal. Por otro lado, y como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas tributarias propuestas que llevan asociada una ventaja fiscal para el contribuyente, la Administración verá reducida su recaudación, es decir, tendrá que soportar un coste fiscal. Y si ponemos en contraposición el coste fiscal y la recaudación fiscal de cada medida, es posible calcular el impacto fiscal neto. Adicionalmente, se han puesto de manifiesto otros impactos o efectos adicionales como la reducción del consumo energético, la reducción de la dependencia exterior en el aprovisionamiento de fuentes de energía, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y se pone de manifiesto el incremento potencial de las actividades de I+D.

Entre las medidas que proponemos, la posibilidad de recuperar la deducción por inversión en vivienda, incluyendo su rehabilitación o reforma, pero siempre vinculada a su calificación o mejora en la eficiencia energética, la modificación del porcentaje de imputación en IRPF por segunda vivienda según el mismo criterio, o la reducción aplicable al alquiler de viviendas con mejoras en este ámbito. En cuanto al IVA, proponemos la aplicación de tipos reducidos a las obras de rehabilitación, renovación o reforma con finalidad energética y medidas similares en IGIC, ICIO o TPO.

Queremos destacar que una de esas medidas, muy oportuna, sería la aprobación de una enmienda a la Ley de Haciendas Locales para introducir una bonificación potestativa en la cuota íntegra del IBI en función de la eficiencia energética de los bienes inmuebles que obtuvieran una determinada letra en la Escala de Eficiencia Energética y que variaría en función del Coeficiente de Eficiencia Energética obtenido para cada bien.

Esta medida fiscal no sólo incentiva la adquisición de viviendas eficientes energéticamente, sino que de forma aún más importante incentivaría su rehabilitación o reforma con dicha finalidad, contribuyendo a la reactivación de la economía y la reducción del desempleo en un sector tremendamente castigado por el mismo. Además, teniendo en cuenta que se habilita la posibilidad reglamentaria de que las mejoras en la calificación energética de los bienes inmuebles sean objeto de acreditación, esta medida puede ser un eficaz instrumento para evitar el fraude en este tipo de trabajos.

La correcta aplicación de estas medidas implica a las comunidades autónomas, que desempeñan una tarea esencial como Administraciones competentes en materia de certificación energética, debiendo garantizar la correcta aplicación de esta normativa y evitar abusos.

La Fundación defiende por tanto, la necesidad de estos cambios y profundizará en su colaboración con las administraciones públicas, fundamentalmente Hacienda y Energía (IDAE), pero también comunidades autónomas y ayuntamientos, en el estudio y propuesta de éstas y de nuevas medidas legales o administrativas, siempre con la misma finalidad de mejorar la calidad y eficiencia energética de nuestros edificios.

Y es que los resultados son muy palpables. La aplicación de las medidas propuestas permitiría una reducción de emisiones de 350.227 toneladas al año y un ahorro energético de 71,58 millones de euros al año.

Concretamente, los resultados son:

*Nota: El impacto de las medidas en vivienda se desglosa en la construcción de nuevas viviendas con alta eficiencia energética (clase A) y rehabilitación de las existentes, con ayudas y subvenciones, en este escenario el número de viviendas beneficiadas puede ascender a > 250.000 (Informe GTR 2014 pag. 25).

Desde la Fundación La Casa que Ahorra consideramos que el resultado es una excelente hoja de ruta que puede ser tomado como modelo para las administraciones, ya que los beneficios superan ampliamente los costes. Y por ello brindamos todo nuestro apoyo para su aplicación.

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