Los diferentes niveles de la Administración han impulsado en los últimos años diferentes programas y sociedades públicas de gestión de viviendas en alquiler, para fomentar esta opción frente a la propiedad. Conseguir la mejora de la eficiencia energética y del aislamiento de estas viviendas ofertadas a través de estos programas, pasa porque el etiquetado energético se introduzca obligatoriamente en la descripción de todas y cada una de ellas, de tal forma que el comportamiento de la vivienda desde el punto de vista energético, esté llamado a ser uno de los criterios de selección de los futuros arrendatarios.

El fomento del alquiler de viviendas frente a la adquisición, se ha convertido en una de las prioridades de la administración en materia de vivienda, lo que ha conllevado el impulso de programas y servicios de fomento al alquiler. Por ejemplo, a nivel estatal desde el Ministerio de Fomento se impulsó la Sociedad Pública de Alquiler. Por otro lado en la ciudad de Madrid, además de la posibilidad del servicio estatal citado, los ciudadanos pueden acogerse tanto al servicio o programa autonómico como al municipal (la agencia de la Comunidad, el Plan Alquila, y el servicio del Ayuntamiento).

Esta serie de programas dotan tanto a los inquilinos como a los propietarios de una serie de garantías frente a los riesgos del alquiler y se sustentan bajo el paraguas de una “bolsa de viviendas” creada gracias a los propietarios particulares que deciden ponerlas a disposición del programa. Por otro lado, existe, en paralelo, una base de datos de demandantes de vivienda en alquiler que marcan unos requisitos de búsqueda, al inscribirse, que las viviendas deben satisfacer para su elección.

El futuro de los programas públicos de alquiler a priori es prometedor y se espera que siga in crescendo. Sin ir más lejos el pasado 19 de octubre el Ayuntamiento de Madrid presentó los tres ejes principales que conducirán la política social de vivienda del consistorio; Incentivar el alquiler a través de su servicio público, fomentar la rehabilitación sostenible y luchar contra la exclusión residencial y social de la ciudad. Todo apunta a un mayor protagonismo de estas agencias y de la opción del alquiler frente a la propiedad.

El precio de estas viviendas se fija por distintos métodos en orden a características como la superficie de la vivienda, el número de habitaciones, los servicios y equipamientos o la localización, entre otros. Pero ninguna agencia pública tiene aún en cuenta un factor imprescindible a la hora de valorar una vivienda; la eficiencia energética.

Según datos del recientemente aprobado Plan de Acción y Ahorro Energético 2011-2020, la calefacción y la refrigeración suponen aproximadamente la mitad del gasto anual en la demanda energética de la vivienda. La diferencia entre una vivienda eficiente con otra que no lo sea, puede suponer al inquilino un ahorro importante en el cómputo anual de facturas de gas y electricidad. Sin ir más lejos, un estudio realizado por el Departamento de Construcción y Vías Rurales de la Universidad Politécnica de Madrid, titulado “Evaluación de los costes constructivos y consumos energéticos derivados de la clasificación energética de viviendas”, afirma que la mejora de la calificación energética de un edificio desde el tipo E al B puede permitir ahorros energéticos anuales de hasta un 76%, cifra que, traducida en términos de ahorro económico, en una vivienda de 110 m2, supondrían una suma de 48 euros mensuales y 572 euros anuales.

De incluirse el etiquetado energético en las características de todas y cada una de las viviendas ofertadas a través de estos servicios o programas públicos, calificándose desde clase A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente de la escala), como ya ocurre, sin ir más lejos, en Francia, el demandante de vivienda podría tener en cuenta el comportamiento energético, y al ahorro o coste económico asociado. De esta forma, las viviendas energéticamente menos eficientes no se alquilarían y los propietarios se obligarían a rehabilitarlas, con el fin de adecuarlas a la demanda de un mercado en el que, el gasto energético de la vivienda para alcanzar el adecuado confort térmico, se convertiría en un factor decisivo a la hora de elegir.

Paralelamente, serviría para incluir un criterio ambiental en los programas de gestión pública de viviendas, vislumbrándose así el papel ejemplarizante de las administraciones públicas que premiarían a las viviendas con menor consumo energético y emisiones de CO2, en definitiva, las viviendas más sostenibles.

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, contempla la certificación de eficiencia energética de edificios existentes, tanto en propiedad como en alquiler, normativa que ha sido ya traspuesta por distintos países, si bien está pendiente de transponerse al derecho interno español. Esta normativa fijará las bases para que este etiquetado pudiese acompañar a la descripción de las viviendas y el comportamiento energético del edificio se convierta así en un factor más en la toma de decisión del alquiler de una vivienda

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