El pasado 18 noviembre se celebró en Madrid la sesión de debate “Rehabilitación energética, ¿cómo activar la demanda? organizada por la plataforma ATECOS (Asistente Técnico para la Construcción Sostenible) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En esta sesión se dieron cita los principales actores que deben desempeñar un papel clave a la hora de activar la demanda de proyectos de rehabilitación energética donde se expusieron diferentes visiones acerca de la situación real de la rehabilitación energética en nuestro país. Entre los aspectos más importantes que se han tratado destacan las siguientes:

• Necesidad del retorno de la inversión. Si el ahorro económico derivado conseguidos no compensan la inversión realizada en un periodo de tiempo relativamente reducido, el usuario final no ve un resultado inmediato y dificulta su apuesta por la rehabilitación. Como indicó Raquel Aranguren, directora técnica de la Fundación Entorno-BCSD España, las pequeñas actuaciones tienen períodos de retorno más dilatados.
• Generación del Valor Patrimonial. Tal como señaló Luis Esteban Domínguez, director general del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) es necesario que la actuación genere valor patrimonial en el inmueble. No sólo debe valorarse la mejora estética, el piso debe adquirir un valor añadido, y para que esto suceda las viviendas existentes deberían contar con un certificado energético. Para lograr esta cuestión, es necesario el desarrollo del reglamento que regule la certificación energética de las viviendas existentes, de forma que se ponga en valor la mejora del comportamiento energético del edificio conseguida con la obra. En países como Francia o Alemania, cualquier vivienda que pretenda venderse o alquilarse debe contar con el certificado energético.
• Mejorar la Comunicación. Es necesario realizar una labor de comunicación, ya que los usuarios, de por sí, no se plantean la rehabilitación. Además, los usuarios más sensibilizados con el ahorro energético, tienen escasos instrumentos para actuar en el ámbito de las comunidades de propietarios.
• Necesidad de Asesoramiento y facilitación en la gestión administrativa. Tal como indicaba Marcial Tarín Vela, secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, los usuarios necesitan asesoramiento en la gestión de préstamos y ayudas para llevar a cabo las mejoras. Existen excesivos trámites burocráticos para la obtención de ayudas, cuya concesión, además, se dilata sobremanera en el tiempo. Igual sucede con la obtención de préstamos para las comunidades de propietarios, tramite especialmente complejo.
• Mejorar la Financiación. La capacidad de endeudamiento de los hogares se encuentra además en una situación compleja, dada la coyuntura económica actual, por lo que es necesario estudiar las vías de financiación más apropiadas, que podrían ser compartidas por los entes públicos y privados y en menor medida por los usuarios, generando beneficios a través de los ahorros energéticos.
• Mejorar información y formación. Francesc Villanueva Margalef, presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), en su intervención destacó que España ha desaprovechado parte de los fondos FEDER destinados a la mejora de la eficiencia energética de viviendas existentes gestionados a través del Pacto de Alcaldes. Estos fondos se han quedado sin utilizar ya que los estados miembros, para su aprovechamiento, deben reorientar prioridades y reasignarlos con este fin. En Francia, por ejemplo, sí que han utilizado los mismos por valor de 200 millones de euros con los que han actuado sobre 50.000 viviendas, logrando así una reducción del 40% en consumo energético y generando 15.000 empleos directos.

Las circunstancias enumeradas son sólo algunas de las que rodean al necesario impulso que debe darse a la rehabilitación energética de nuestros edificios y viviendas para alcanzar los objetivos de ahorro que se han propuesto desde distintas instancias y estrategias a nivel nacional.

De forma general, toda solución pasa por informar y formar al usuario, en definitiva, al ciudadano, así como por apoyarle y facilitarle los trámites administrativos para poder optar a ayudas y préstamos. Todo ello exige la implicación de las administraciones públicas, a todos los niveles, tanto estableciendo diferentes vías de financiación, como impulsando el desarrollo normativo de las directivas europeas y las normas estatales, que se encuentra actualmente pendiente de realizar.

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