En torno a un 90% de los edificios del parque español están construidos con criterios de muy baja eficiencia energética y son, debido a ello, importantes emisores de gases de efecto invernadero. La aprobación del Código Técnico de Edificación en 2006 supuso un avance con respecto a lo que se venía aceptando en las antiguas Normas Básicas de Edificación, pero sitúa las exigencias españolas aún muy por detrás de países europeos de nuestro entorno y similar climatología. Precisamente este Código Técnico de Edificación debe revisarse en el presente año. No acometer esta revisión con criterios de máxima exigencia en lo que se refiere a la reducción de la demanda en calefacción y refrigeración de nuestras edificaciones, comprometería el camino de nuestro país hacia el objetivo 20/20/20 asumido por la Unión Europea.

Esta ha sido una de las principales ideas planteadas por el presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Francisco Javier Fernández Campal, en su comparecencia del día 21 de junio, ante la Comisión Mixta no permanente para el estudio del Cambio Climático del Congreso-Senado.

En lo que se refiere al etiquetado energético de edificios, Fernández Campal ha señalado además, que solo 8 de 17 Comunidades Autónomas han creado Registros para estos certificados de eficiencia energética. Se trata en concreto de Galicia, Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Este distintivo, que es obligatorio actualmente en nuestro país, es aún muy desconocido debido a esta baja implantación.

El presidente de la Fundación ha puesto de manifiesto que la implantación de esta etiqueta es muy desigual en los países europeos, situándose España en los niveles inferiores. De esta manera puso un ejemplo comparativo con Portugal: a fecha de 31 de diciembre de 2010, el número de certificados expedidos en España de edificios nuevos alcanzaba la cifra de 1.791, mientras que en el país vecino el etiquetado se viene aplicando ya también a los edificios existentes habiéndose expedido más de 400.000.

Fernández Campal expuso también que el sector residencial español tiene capacidad técnica y económica para afrontar una reducción de su consumo de energía final de cerca de un 30% en 2020, con respecto a los valores registrados en 2008. De alcanzar este nivel, se dejarían de emitir 8,7 millones de toneladas de CO2 de media al año. Para ello es preciso que se incremente de forma drástica el ritmo actual de ejecución de rehabilitaciones energéticas de nuestros edificios.